Las cifras del país siguen siendo un quebradero de cabeza para autoridades incapaces y mantienen situaciones extremadamente complicadas para una ciudadanía que ya no tiene “cuero que estirar”.Aunque las cifras de desempleo se presenten como menores que el mismo periodo del año pasado, son superiores al trimestre anterior y son mayores que las cifras que proyectaban los analistas especializados.
Nuestros análisis, que generalmente con coinciden con los de la autoridad, nos indican que existe un desempleo muy superior, disfrazado por planes de empleo tipo PEM o PHOJ, o tapados por algún ingreso esporádico.
En nuestra óptica, las personas que reciben el salario mínimo, también son desempleados disfrazados, pues la remuneración recibida por la entrega de su trabajo no les alcanza para satisfacer las necesidades mínimas.
Los estudios entregados por el Estado hablan de la creación de millares de puestos de trabajo, pero se abstienen de manera permanente de hablar de la calidad de estas colocaciones y sus remuneraciones.
Queremos insistir las estadísticas dan para que aquel que la opera obtenga los resultados que quiera, pero nosotros pensamos que estamos siendo permanentemente engañados por cifras “truchas” y/o truncas, que pretenden escamotearnos la verdad.
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Por fin alguien en el Gobierno de Michelle Bachelet asume la responsabilidad de alguno de sus actos. El Ministro de Hacienda, Andrés Velasco asumió su plena responsabilidad en la puesta en marcha del Transantiago.
Nosotros esperamos, que después de asumir la “culpa” el secretario de Estado se haga cargo de los costos que hemos debido pagar los capitalinos y al menos, para proporcionarnos una satisfacción, renuncie a un cargo en que lo hace tan mal.
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Hemos denunciado a quienes nos Gobiernan como totalitarios, lo que queda de manifiesta en sus intenciones de imponer a la sociedad, incluso amenazando con censuras a gente de su mismo conglomerado, sus particulares puntos de vista.
La situación a quedado patente con las sanciones que se ha aplicado a cadenas de farmacias por no tener a la venta la “píldora del día después”, pasando por encima de las legitimas objeciones de conciencia que produce un fármaco abortivo.
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Ministro Cornelio Villarroel consideró en su informe a la Suprema que el Juez Carlos Cerda no violó el articulo 323 del Código Orgánico de Tribunales, en sus declaraciones en Estados Unidos.
A nosotros lo que nos agradaría ver es un sumario contra el Magistrado en que se explique su obsesión por perseguir a la familia Pinochet y las implicancias, que nosotros vemos como prevaricación, de sus resoluciones.
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El país se está transformando en una protesta permanente. Trabajadores del PET, Programa Especial de Trabajadores, protestaron frente a La Moneda por que no se les soluciona los problemas habitacionales. Grupo de mujeres de la Asociación de Decidores Habitacionales, ANDHA Chile. intentaron encadenarse a la rejas “papales” que protegen La Moneda, fueron detenidas por Fuerzas especiales de Carabineros. En la Plaza Baquedano, Italia, Coordinadora Nacional de Ferias Libres Persas y Cachureos de Chile protestaron contra el proyecto de Ley que regula las Ferias Libres.
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Varias Brevísimas: Por fin, comisión mixta del Congreso aprueba endurecer sanciones contra la delincuencia. Aarón Vásquez deberá pasar 7 años en la cárcel por el brutal asesinato de un ciclista. Diputado Edmundo Eluchans pide la salida del Director del SENAME, de quien dijo debe asumir la responsabilidad por la tragedia de Puerto Montt y las falencias que sigue demostrando el servicio.
La política y la violencia ideológica
En Chile no tenemos mucha cultura de respeto a los derechos fundamentales. Por ejemplo, recientemente el gobierno ha decidido cursar multas a las farmacias por no vender la píldora del día después. ¡Y a mí todavía me sorprende que alguien pueda pensar que hayan estado obligadas a hacerlo! Sí, sí, es cierto que un acto administrativo del Gobierno las obligaría a tener ciertos remedios “en stock”. Pero ojo, porque la idea misma de tener una Constitución y establecer derechos fundamentales es poner límites al actuar de los que tienen el poder.
Y aquí se violaron esos límites.
Primero, porque en Chile existen una serie de derechos fundamentales que pretenden resguardar un cierto ámbito de autonomía. Entre ellas, están la libertad de conciencia, la autonomía de los cuerpos intermedios y la igualdad en la ley. Me parece que las tres fueron violadas en este caso.
La libertad de conciencia porque es perfectamente lícito que un empresario piense que distribuir una píldora potencialmente abortiva (sí, todavía existe una discusión en el ámbito científico al respecto) es hacerse cómplice de un delito actualmente tipificado en el código penal, aparte de cometer una grave injusticia y (si es religioso) tal vez cometer un grave pecado. No es relevante ahora establecer si esto es cierto o no. Lo relevante es que la Constitución le da derecho a creer eso y a no ser violentado en dicha creencia.
La autonomía de los cuerpos intermedios también se ve vulnerada. Esta base de nuestra institucionalidad está presente en el primer artículo de nuestra Constitución y autoriza a las distintas asociaciones a estructurar sus elementos como estimen conveniente para alcanzar sus fines.
Y la igualdad en la ley porque se les obliga a vender ciertos productos mientras que la mayoría de las empresas no tiene esta obligación.
Se puede discutir la moralidad de la píldora y si la decisión de las farmacias es correcta o no. Pero lo que no se puede discutir es que tienen derecho a tomar esa decisión. Si a alguien no le gusta puede él comprar una farmacia y vender ahí la píldora. O regalarla. O lo que quiera… pero no exigir que otro, con sus recursos propios, invierta en promover algo que atenta contra sus convicciones más profundas. Eso es atentar contra los derechos de las personas. Y sí, los empresarios también son personas, y también tienen derechos igual que el resto.
Pero hay un problema adicional: políticamente es injusto usar medios de otros para promover una visión propia. Y de eso se trata este caso. No estamos hablando de una medida sanitaria neutra. La píldora se inserta en una discusión cultural sobre el rol de la sexualidad, el inicio de la persona humana y el derecho a la vida. Y en esa discusión no todos estamos de acuerdo. Yo puedo usar mis medios para promover mis visiones. Es discutible que pueda usar los del Estado. Lo que de ningún modo puedo hacer es utilizar los recursos de quienes piensan distinto a mí, obligándolos a participar de políticas en las que no creen. En este sentido, el Gobierno refleja una profunda falta de sensibilidad democrática.
Hace tiempo sabemos que hay autoridades que hablan de tolerancia, pero la entienden como respeto sólo a los que piensan igual. Hablan de pluralismo, pero lo entienden como imponer agresivamente una sola visión de la sociedad. Hablan de respeto a los derechos humanos, pero en la medida en que no se opongan a sus proyectos.
En fin, que nos falta respetar más esas reglas que son el límite entre la política y la mera violencia ideológica.
(Este artículo fue tomado del vespertino La Segunda y lo reproducimos por considerar que representa, casi exactamente, la forma totalitaria con que está actuando el Gobierno de Michelle Bachelet)
Sobre este tema resulta interesante constatar los comentarios hechos ayer por el Obispo Alejandro Goic, Presidente de la Conferencia Episcopal, que acusó al Gobierno de banalizar la sexualidad con este tipo de medidas, además de considerar que promover la controvertida píldora es un anti-valor. Los remedios están para curar enfermedades, no para destruir la vida, aseguró el prelado.
