Pero, claro, se abstienen de recordar algunos hechos relevantes de la causa, como por ejemplo que ellos provocaron el “golpe” con una irracional siembra de odios realizada por los Socialistas, o que llamaron a los Militares como hicieron los democristianos.
Se olvidan que el 73 Chile estaba destruido social, política, económica e institucionalmente, así como la amnesia les impide recordar el proceso de reconstrucción, durísimo por cierto, que debimos enfrentar la mayoría de los chilenos.
Pero en una actuación, de extremo cinismo, se abstienen de decir la verdad, esa que muestra que las libertades y el desarrollo que tiene el país hoy se debe exclusivamente a la “democracia” instaurada por la “tiranía”.
Los chilenos debemos, no sólo podemos, pedir cuenta a los actuales administradores del Estado, que en forma contumaz y cobarde han desnaturalizado la realidad para por medio de la engañifa vestirse con ropaje ajeno.
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Carabineros de Chile es sin duda alguna una Institución apolítica y no deliberante, pero, pedirle que además sea no pensante y sea desmemoriada nos parece un exceso digno de las jefaturas actuales de la entidad, extremadamente funcionales a quienes nos Gobiernan.
El Cuerpo Policial tiene, a nuestra manera de ver, el derecho y el deber, de recordar nuestra historia, por lo que creemos que nadie puede pedirle que “olvide” que participó durante 17 años en el proceso de Restauración Nacional que encabezó el Presidente Pinochet.
Lo anterior lo traemos a colación debido a la investigación a que está sometido el El prefecto de Carabineros de Linares, Máximo Basualdo, que cometió el “delito” de hacer una misa, un recordatorio y programó marchas militares con motivo del 11 de Septiembre.
El profesionalismo que se alude en las noticias es un intento por “castrar” las mentes de los Oficiales, lo que nos parece simplemente intolerable e inaceptable, pues aunque a muchos moleste, nuestros uniformados, sin participar en la contingencia, tienen el derecho a tener ideas personales y a recordar los hechos del pasado reciente, pues también son ciudadanos.
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En el Vl Congreso Ideológico de la DC han quedado demostradas las diferentes “almas” que tiene a su interior la tienda falangista. En las reuniones se ha escuchado de “todo”, desde un Zaldivar y un Lorenzzini que simplemente dan por terminada la Concertación, a una Soledad Alvear que llama a no conformarse con el papel de “segundones”, a un Eduardo Frei que llama a cambiar la “camisa de fuerza” que es para el la Constitución. Planteamientos de acercarse más al centro, más a la izquierda, se mezclan con reivindicaciones que exigen que el próximo abanderado de la Concertación sea un miembro de la colectividad.
Se llegue a los acuerdos que se llegue, solo queda claro, al menos para nuestro análisis, que la Democracia Cristiana solamente aspira a mantenerse en el poder sin medir las consecuencias y resultados, a la vez que le importan muy poco los métodos a que deba recurrir. No en vano, hace muchos años, un destacado político nacional la definía como la meretriz de la política nacional, claro, sin tener nada contra el gremio de las trabajadoras sexuales.
Premios e imparcialidad, por Hernán Felipe Errázuriz
El 17 de diciembre de 1998, el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, Suprema Corte de Gran Bretaña, anuló una sentencia por la falta de imparcialidad de uno de los jueces, Lord Hoffmann, quien conoció de la extradición del ex Presidente Pinochet.
Su independencia quedó en entredicho por su vinculación con Amnesty International, institución sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Los magistrados adoptaron medidas para que no se repitiera esta situación. Los jueces estimaron que esa vinculación permitía sospechar de la imparcialidad de Hoffmann en contra del ex Presidente. En el fallo se mencionan varios precedentes y la Convención Europea de Derechos Humanos, que exige imparcialidad e independencia a los tribunales. La corte británica invocó el principio de que la justicia no sólo debe ser, sino también parecer servida. Las dudas sobre Hoffmann forzaron a su marginación del proceso.
El Código de Conducta de los Jueces estadounidenses les prohíbe recibir regalos que no provengan de familiares y los autoriza únicamente a recibir premios testimoniales, sin contenido financiero. La prohibición está relacionada con la independencia y la necesidad de precaver el activismo político o económico de los magistrados, y también persigue obviar sospechas sobre su parcialidad por aceptar donativos, aunque provengan de instituciones sin fines de lucro.
Estas normas sobre los prejuicios reales y aparentes en la administración de justicia emanan de consideraciones éticas de aplicación universal, y no pueden ser ignoradas sin menoscabar el prestigio y la integridad de los tribunales de cualquier país. Por eso mismo, sorprende que un magistrado con abierta animadversión en contra del ex Presidente Pinochet y su familia tenga a su cargo ese juzgamiento. La estridencia judicial por la ausencia de control del juez en el cumplimento de las órdenes de detención de los encausados es prueba suficiente de su encono.
Anómalo resulta, igualmente, que un magistrado en servicio activo reciba por sus actuaciones un premio monetario de valor superior a varios años de remuneraciones en la magistratura.
La ceguera de la justicia no puede llegar a omitir flagrantes violaciones a la percepción de imparcialidad, indispensable para el prestigio de los tribunales y para la confianza de los ciudadanos en sus decisiones.
En Chile debería existir un código especial de conducta de los jueces, como ocurre en los estados de Derecho más avanzados. En todo caso, la ley es el mínimum ético, y la Corte Suprema puede intervenir para corregir comportamientos impropios de los magistrados.
La ceguera de la justicia no puede llegar a omitir flagrantes violaciones a la percepción de imparcialidad.