Subvenciones y subversiones
Los bretes en que se encuentra la
ministra Provoste -y sus insólitas
argumentaciones raciales y sociales para sostener
que se la persigue- deben considerarse a la
luz de lo que el gobierno de Allende, el paralelo
de la administración Bachelet, enfrentaba
exactamente 35 años atrás, en marzo de 1973.
Fueron los días en que, por segunda vez,
Educación remitió el Decreto de Democratización
de la Enseñanza (la ENU, en sigla sencilla) a la
Contraloría General de la República. Dos meses
antes, el órgano contralor había devuelto el
texto sin tramitar, afirmando que "la creación de
Consejos y Comités de la naturaleza de los que se
contemplan en el documentoS sólo podría
establecerse mediante ley, y por el contrario, no
podría hacerse por la vía de un decreto supremoS
procedimiento que en último término vulnera la
norma de competencia prevista en el art. 4º de la
Constitución."
Con su segundo envío, en marzo y mediante
insistencia, Allende quería doblarle la mano a la
Contraloría. Casi acorralado, el órgano en todo
caso salvó su postura: "Los preceptos contenidos
en el documento -afirmó Contraloría- no
pueden afectar en forma alguna, la organización
administrativa y la designación de los
establecimientos privados de enseñanza, los que
corresponde determinar a los particulares."
Bien sabía el órgano contralor que
semanas antes el Ministerio de Educación había
declarado abiertamente que el proyecto de la ENU
tenía por objeto "transformar a cada chileno en
actor de su destino, elemento base de los cambios
sociales que afiancen el sistema socialista de
vida."
Y a pesar de que el 12 de abril
efectivamente se publicó en el Diario oficial el
Decreto sobre Democratización de la Enseñanza, el
gobierno anunció al día siguiente su voluntad de
suspenderlo, por la fuerte oposición de que había
sido objeto.
Contraloría, con total profesionalismo,
había frenado la más sutil y grave subversión
planificada por la UP. Esa que el mismo Patricio
Aylwin calificara como "instrumento del objetivo
político partidista de concientizar a los niños y
jóvenes chilenos dentro del ideario marxista
leninista que inspira a los partidos gobernantes"
(los mismos, eso sí, que serían socios de su
gobierno menos de 20 años después).
Hoy, 35 años más tarde, la Contraloría,
con total profesionalismo, se ha enfocado en las
subvenciones. Una y otra vez, desde el órgano
contralor, se han venido objetando los procederes
de la ministra y de su equipo y, por cierto, la
oposición se apresta para hacer frente a la grave
situación con el instrumento de la acusación
constitucional. Bien, bien por la doble
fiscalización de nuestras platas y de la probidad.
Pero queda aún algo oculto en el actual
debate sobre las subvenciones, y se refiere
justamente a los principios de libertad de
enseñanza por los que tanto se luchó en 1973.
Esas garantías, magníficamente reforzadas por la
legislación del Gobierno del Presidente Pinochet,
están gravemente amenzadas por el acuerdo sobre
el futuro de la educación alcanzado el año
pasado, con las manos alzadas de la misma
ministra Provoste. Ahí lo que hay es más Estado,
más controles, más socialismo.
Mira si uno de los resultados colaterales
de la acusación fuera la ruptura de ese mal
acuerdoS Mira por dónde se podría poner en
discusión de nuevo y mejor, qué garantías
verdaderas queremos para la libertad de enseñanza
y cómo no debemos aceptar nada del socialismo
educativo que se nos quiere imponerS como hace 35
años, pero esta vez con nuestros propios votos.
Gonzalo Rojas Sánchez
Los bretes en que se encuentra la
ministra Provoste -y sus insólitas
argumentaciones raciales y sociales para sostener
que se la persigue- deben considerarse a la
luz de lo que el gobierno de Allende, el paralelo
de la administración Bachelet, enfrentaba
exactamente 35 años atrás, en marzo de 1973.
Fueron los días en que, por segunda vez,
Educación remitió el Decreto de Democratización
de la Enseñanza (la ENU, en sigla sencilla) a la
Contraloría General de la República. Dos meses
antes, el órgano contralor había devuelto el
texto sin tramitar, afirmando que "la creación de
Consejos y Comités de la naturaleza de los que se
contemplan en el documentoS sólo podría
establecerse mediante ley, y por el contrario, no
podría hacerse por la vía de un decreto supremoS
procedimiento que en último término vulnera la
norma de competencia prevista en el art. 4º de la
Constitución."
Con su segundo envío, en marzo y mediante
insistencia, Allende quería doblarle la mano a la
Contraloría. Casi acorralado, el órgano en todo
caso salvó su postura: "Los preceptos contenidos
en el documento -afirmó Contraloría- no
pueden afectar en forma alguna, la organización
administrativa y la designación de los
establecimientos privados de enseñanza, los que
corresponde determinar a los particulares."
Bien sabía el órgano contralor que
semanas antes el Ministerio de Educación había
declarado abiertamente que el proyecto de la ENU
tenía por objeto "transformar a cada chileno en
actor de su destino, elemento base de los cambios
sociales que afiancen el sistema socialista de
vida."
Y a pesar de que el 12 de abril
efectivamente se publicó en el Diario oficial el
Decreto sobre Democratización de la Enseñanza, el
gobierno anunció al día siguiente su voluntad de
suspenderlo, por la fuerte oposición de que había
sido objeto.
Contraloría, con total profesionalismo,
había frenado la más sutil y grave subversión
planificada por la UP. Esa que el mismo Patricio
Aylwin calificara como "instrumento del objetivo
político partidista de concientizar a los niños y
jóvenes chilenos dentro del ideario marxista
leninista que inspira a los partidos gobernantes"
(los mismos, eso sí, que serían socios de su
gobierno menos de 20 años después).
Hoy, 35 años más tarde, la Contraloría,
con total profesionalismo, se ha enfocado en las
subvenciones. Una y otra vez, desde el órgano
contralor, se han venido objetando los procederes
de la ministra y de su equipo y, por cierto, la
oposición se apresta para hacer frente a la grave
situación con el instrumento de la acusación
constitucional. Bien, bien por la doble
fiscalización de nuestras platas y de la probidad.
Pero queda aún algo oculto en el actual
debate sobre las subvenciones, y se refiere
justamente a los principios de libertad de
enseñanza por los que tanto se luchó en 1973.
Esas garantías, magníficamente reforzadas por la
legislación del Gobierno del Presidente Pinochet,
están gravemente amenzadas por el acuerdo sobre
el futuro de la educación alcanzado el año
pasado, con las manos alzadas de la misma
ministra Provoste. Ahí lo que hay es más Estado,
más controles, más socialismo.
Mira si uno de los resultados colaterales
de la acusación fuera la ruptura de ese mal
acuerdoS Mira por dónde se podría poner en
discusión de nuevo y mejor, qué garantías
verdaderas queremos para la libertad de enseñanza
y cómo no debemos aceptar nada del socialismo
educativo que se nos quiere imponerS como hace 35
años, pero esta vez con nuestros propios votos.
Gonzalo Rojas Sánchez
